Siete candidatos a las elecciones territoriales, fueron asesinados y medio centenar han sido amenazados por grupos militares ilegales. En diez meses de registraron 364 hechos violentos con líderes políticos, sociales, comunales e indígenas, entre ellos 91 asesinatos. Desde la firma del acuerdo con la guerrilla han sido asesinados 160 excombatientes de la FARC ante la pasividad del gobierno del ultraconservador Iván Duque.

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El confinamiento decretado en Colombia para combatir el Covid-19, se ha convertido en una trampa aprovechada por los narco paramilitares para amenazar y asesinar líderes sociales, ex combatientes y sus familiares. En la primera quincena de junio han asesinado un líder cada 24 horas. En las regiones donde existe una alta militarización es donde hay más asesinatos, lo que devela el contubernio de las Fuerzas Armadas con los paramilitares, con el fin de despojar territorios para entregárselos a las trasnacionales.

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Una veintena de jóvenes han sido asesinados durante la última semana en distintos departamentos de Colombia. Mientras tanto, el Gobierno continúa haciendo caso omiso a las denuncias de las comunidades campesinas, indígenas, afro y urbanas, frente a la emergencia humanitaria que se agudiza en varias regiones del país. Mientras, los habitantes de distintas ciudades y regiones rurales, han denunciado la agudización de la militarización en sus territorios, así como la reconfiguración de grupos paramilitares en los mismos.

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En el marco del paro nacional, ante la sistemática violencia del estado, las comunidades en sus territorios, a lo largo de la geografía colombiana, se han organizado para resistir y sostener las movilizaciones. Este es el caso del asentamiento en Bogotá, epicentro de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y la mal llamada fuerza pública. Allí han confluido varias organizaciones de la resistencia social.

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La tormenta que generó la filtración de la conversación entre el embajador colombiano en Washington, Francisco Santos y la novel canciller Claudia Blum terminó con la renuncia del primero a su cargo. Las consecuencias de la filtración del audio apuntan a dos frentes: el interno, donde ya se entró en la puja de las candidaturas para 2022, y la interlocución con Washington. Santos, incluso, habló de la destrucción del Departamento de Estado en la administración de Donald Trump, y la canciller estuvo de acuerdo.

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Hace dos meses que Colombia está sacudida por movilizaciones en todo el país en el marco del llamado Paro Nacional. El presidente de EU Joe Biden se comunicó con Iván Duque para manifestarle el apoyo estratégico de su gobierno, pero también señaló el derecho a las protestas pacíficas. Un análisis de Pedro Brieger.

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EN FOCO.- A dos meses del primer aniversario del estallido social del 21 de noviembre, y pasados menos de 15 días del asesinato de Javier Ordóñez por la policía, el descontento popular y la protesta volvieron a las calles en Colombia. Salvo algunos incidentes en Bogotá y Medellín, las marchas convocadas en medio del paro nacional transcurrieron de forma tranquila. La Corte Suprema de Justicia le dio 48 horas al ministro de Defensa para que presente las excusas por los excesos cometidos.

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NUESTRAS VOCES.- “Salgo a gritar en paz y sin miedo... Camino en la noche oscura, buscando al que no volvió”, cantan en medio de la brutal represión. Video realizado por la Organización Manos Visibles con motivo del Paro Nacional que se sostiene el pueblo colombiano en cada rincón del país desde el 28 de abril para exigir el fin de los abusos por parte del gobierno.

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En especial después de la firma de la paz con la guerrilla, muchos pensaron que el turismo era el nuevo petróleo de Colombia. Esta invocación refleja no solo la confianza en la rica y variada oferta de experiencias disponibles en el país, también la certeza de los buenos réditos que la actividad turística genera en inversión, movilización de turistas, divisas y empleo.

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En medio de una atmósfera de violencia política, que costó la vida a siete candidatos, Colombia celebra las elecciones regionales. Elegirán gobernadores, alcaldes y un total de 12 mil funcionarios públicos en los 32 departamentos, 2.122 municipios y la capital, Bogotá. Advierten sobre riesgo electoral en 418 municipios por la presencia de grupos paramilitares y narcotraficantes, en unos comicios que definirán el rumbo de la demorada pacificación.

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