Organizaciones indígenas de Ecuador entregaron a la Corte Constitucional más de 365.500 firmas para que se les garantice el derecho a una consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre los planes de actividades extractivas –sobre todo en minería y petróleo- en sus territorios en la Amazonia.
El gobierno neoliberal de Guillermo Lasso emitió un decreto para duplicar la producción petrolera del país, acción calificada de "inconstitucional", sin la obligatoria consulta a las comunidades.
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