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EN FOCO.- Un nuevo acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, llamado Colombia Crece, en realidad es el Nuevo Plan Colombia: un paquete de ayuda económica y militar, con el supuesto de ayudar en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo, pero en realidad para garantizar la represión de los estallidos sociales y el hostigamiento al gobierno de Venezuela.

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EN FOCO Menos de una semana después del último encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Caracas, el presidente colombiano anunció su convocatoria a una "conferencia internacional para construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el Gobierno venezolano”.

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En abril, la tasa de desempleo alcanzó el 19,8 por ciento en Colombia, una verdadera tragedia que significó que 5,4 millones de personas perdieran el trabajo en solo el primer mes de cuarentena. El encierro enfermó al empleo y el aparato productivo está en cuidados intensivos. Solo Bogotá perdió más de 500.000 empleos en abril, y en las 13 principales capitales del país la tasa de desempleo llegó al 23,5 por ciento.

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EN FOCO.- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet señaló que este año en Colombia, cuatro años después de firmado el acuerdo de paz con la guerrilla, la ONU registró 66 masacres y 255 muertos en 18 departamentos del país. Se teme que los números sean mayores porque la pandemia ha obstaculizado los esfuerzos por verificar y documentar los asesinatos. Las áreas son de difícil acceso y prácticamente no hay presencia del Estado.

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Casi 45.000 personas sufrieron desplazamiento forzado interno en Colombia en la primera mitad del 2021. Esto no es nuevo para el primer país del mundo en número de desplazados internos, con ocho millones 300 mil personas contabilizadas hasta finales de 2020. Y el dato más preocupante es que las personas desplazadas internas en este primer semestre triplican a las que lo hicieron en el primer semestre del año anterior, porque significa que las dinámicas de desplazamiento no se han parado sino que siguen agravándose.

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En Colombia comenzaron las movidas políticas de quienes aspiran a ser precandidatos presidenciales de los sectores progresistas y/o de centroizquierda, después que el senador Gustavo Petro, candidato en las últimas elecciones, respaldara una consulta para definir un programa y candidatos comunes de cara a los comicios de 2022. Para la centroizquierda es muy importante forjar una gran alianza interpartidista para competirle al candidato presidencial de los partidos de derecha. La clave será superar los egos.

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Siete candidatos a las elecciones territoriales, fueron asesinados y medio centenar han sido amenazados por grupos militares ilegales. En diez meses de registraron 364 hechos violentos con líderes políticos, sociales, comunales e indígenas, entre ellos 91 asesinatos. Desde la firma del acuerdo con la guerrilla han sido asesinados 160 excombatientes de la FARC ante la pasividad del gobierno del ultraconservador Iván Duque.

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El confinamiento decretado en Colombia para combatir el Covid-19, se ha convertido en una trampa aprovechada por los narco paramilitares para amenazar y asesinar líderes sociales, ex combatientes y sus familiares. En la primera quincena de junio han asesinado un líder cada 24 horas. En las regiones donde existe una alta militarización es donde hay más asesinatos, lo que devela el contubernio de las Fuerzas Armadas con los paramilitares, con el fin de despojar territorios para entregárselos a las trasnacionales.

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Una veintena de jóvenes han sido asesinados durante la última semana en distintos departamentos de Colombia. Mientras tanto, el Gobierno continúa haciendo caso omiso a las denuncias de las comunidades campesinas, indígenas, afro y urbanas, frente a la emergencia humanitaria que se agudiza en varias regiones del país. Mientras, los habitantes de distintas ciudades y regiones rurales, han denunciado la agudización de la militarización en sus territorios, así como la reconfiguración de grupos paramilitares en los mismos.

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En el marco del paro nacional, ante la sistemática violencia del estado, las comunidades en sus territorios, a lo largo de la geografía colombiana, se han organizado para resistir y sostener las movilizaciones. Este es el caso del asentamiento en Bogotá, epicentro de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y la mal llamada fuerza pública. Allí han confluido varias organizaciones de la resistencia social.

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