En muchos países ha habido robos de niños, pero en ninguno a una escala tan atroz como en España. Alrededor de 300.000 bebés fueron robados a sus madres y vendidos a parejas sin hijos durante e incluso después de la dictadura franquista.
Irlanda se hizo tristemente famosa en este contexto, al igual que Argentina, Chile o Australia, pero en ningún otro lugar del mundo desaparecieron tantos bebés como en España. Y en ningún otro lugar se hace tan poca justicia a las víctimas.
El hecho de que el dictador español Francisco Franco ordenara matar a más de 100.000 opositores al régimen tras la guerra civil ha sido ampliamente documentado por los historiadores. Sin embargo, hay otro delito que hasta hace poco ha permanecido en gran parte a la sombra: el robo organizado de niños.
Mientras que en los primeros años de la dictadura franquista la motivación era ideológica, el robo de niños pronto se convirtió en un negocio lucrativo del que participaban médicos, abogados y, sobre todo, la Iglesia católica.
Se calcula que hasta la década de 1990, 300.000 bebés se sacaron de hospitales españoles y se vendieron con documentación falsa a parejas sin hijos. Entretanto, las madres afectadas buscan a sus hijos, y los hijos a sus padres biológicos, pero hallarlos resulta extremadamente difícil ante la falta de documentación, la ausencia de voluntad política y, sobre todo, el muro de silencio con el que se rodea la Iglesia.
Es cierto que en los últimos años ha habido destellos de esperanza de que por fin se arrojara luz sobre esta tragedia. Pero la última iniciativa política de los colectivos de víctimas españoles también parece condenada al fracaso. Hasta ahora son muy pocas las personas que han conseguido encontrar a sus familiares. La mayoría de las víctimas siguen viviendo con la triste constatación de no poder vivir en plenitud.
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