En México, según datos de la ONG Alto al Secuestro, en el 2022 se registraron hasta 4 secuestros por día. En este contexto, surge una figura poco usual: la del negociador privado. Algunos dudan de la eficacia de sus servicios, pues el pago del rescate no garantiza la seguridad de la víctima ni la de sus familiares. ¿Qué factores condicionan la proliferación de estos delitos en el país? ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se ha logrado controlar este flagelo?
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