En 2020, unos 50.000 niños estaban bajo el cuidado del estado español, una cifra alta debido a las graves fallas del sistema judicial. En España, los niños pueden ser atendidos como medida de precaución, un paso que es cinco veces más frecuente que en la vecina Francia. Sin embargo, la decisión de separar a los niños de sus padres no la toma un juez, sino los trabajadores sociales, y a menudo se vuelve irreversible, lo que significa para los padres una larga batalla por recuperar a sus hijos.