En mayo pasado el asesinato de la veterana periodista Shireen Abu Akleh, corresponsal de la televisora catarí Al Jazeera en la Cisjordania ocupada, por disparos de bala durante la represión de las fuerzas israelíes en la ciudad de Yenín, dio la vuelta al mundo.
Meses más tarde la cadena televisiva informa que interpuso el caso ante la Corte Penal Internacional de la Haya (CPI). Aunque esta querella sigue a una investigación realizada por su equipo legal, que además entregó al ente de justicia nuevas pruebas y vídeos que muestran claramente que Abu Akleh y sus colegas fueron baleados directamente por las fuerzas de ocupación israelíes.
Incluso una investigación de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos concluyó el pasado junio que la bala que mató a la profesional de la comunicación había sido disparada por soldados israelíes.
Como se esperaba, Israel reaccionó. El primer ministro, Yair Lapid, respondió que no permitirá que sus militares (Fuerzas de Defensa Israelíes) sean cuestionados, ni interrogados.
EU también se ha opuesto a llevar el caso a La Haya, de hecho el Departamento de Justicia estadounidense, inició una investigación propia el pasado noviembre.
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