Dos años de gobierno son más que suficientes para corroborar que el de Iván Duque es un gobierno de los ricos y para los ricos.
Enfrascado en ahondar el modelo neoliberal, como recuperar la política de ‘seguridad democrática’ de su mentor Álvaro Uribe, los caóticos resultados están a la vista. Se ha redoblado la represión oficial y paramilitar, con un saldo de 349 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y 107 excombatientes de las Farc asesinados en 24 meses.

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Mientras el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) espera para declarar sobre la masacre de El Aro, el país cuenta 43 masacres en 2020, en sumayoría perpetradas por paramilitares y fuerzas de seguridad, en el marco de una pandemia de graves características del país.
El fenómeno no es nuevo: entre 1985 y 2012, Colombia registró 1982 casos de masacres que dejaron 11.751 víctimas.
Las masacres opacan las graves complicaciones sanitarias con 552 mil contagiados y más de 17.500 muertos. Sin tomar medidas adecuadas y en plena crisis sanitaria, social y económica, el presidente Iván Duque, heredero de Uribe, anunció el fin de la cuarentena a partir de septiembre.

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Una veintena de jóvenes han sido asesinados durante la última semana en distintos departamentos de Colombia. Mientras tanto, el Gobierno continúa haciendo caso omiso a las denuncias de las comunidades campesinas, indígenas, afro y urbanas, frente a la emergencia humanitaria que se agudiza en varias regiones del país.
Mientras, los habitantes de distintas ciudades y regiones rurales, han denunciado la agudización de la militarización en sus territorios, así como la reconfiguración de grupos paramilitares en los mismos.

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Mientras recita unidad, maquiavélicamente la elite colombiana insiste en dividir, ganar tiempo, distraer, amenazar y destruir a la ciudadanía. La lucha es por una democracia real, que implica transformaciones sustanciales en los órdenes políticos, ambientales, sociales y militares, entre otros.
Sigue la lucha en medio de la pandemia contra la crisis alimentaria y económica, los abusos de la fuerza pública, por la educación y garantías laborales.
El informativo La Vacuna pone en claro la democracia que necesita Colombia.

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Lo mejor que se le ocurrió al gobierno de Iván Duque para reactivar la economía en tiempos de pandemia fue una fiesta de consumismo en tres dosis: tres días sin IVA para ciertos artículos.
A partir de una medida de beneficio para los grandes comerciantes y de riesgo para los compulsivos compradores, el analista reflexiona sobre lo que representa el actual gobierno colombiano.

El presidente colombiano Iván Duque debe suspender la autorización para cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos que llegó a Colombia a comienzos de junio, para apoyar, en asistencia y entrenamiento, supuestamente la lucha contra el narcotráfico, ordenó el Tribunal Administrativo.
El gobierno de Colombia tiene andando un plan de guerra interna y contra un país vecino. Los militares y paramilitares a pesar de la pandemia, siguen desplegados en operaciones.
Por los antecedentes del Plan Colombia la amenaza es contra los dos pueblos: el colombiano y el venezolano.

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El aturdimiento social provocado por el confinamiento generalizado al que obligó la crisis sanitaria, permitió reforzar en Colombia la vieja práctica de barrer debajo de la alfombra los hechos que desnudan las sinuosas formas del ejercicio del poder: un déjà vu permanente, que de no ser trágico acabaría en bostezo.
Contubernio de presidentes, vicepresidentes, ministros, militares, empresarios, con la delincuencia del narcotráfico y de los paramilitares, se repiten hasta estos días.

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En abril, la tasa de desempleo alcanzó el 19,8 por ciento en Colombia, una verdadera tragedia que significó que 5,4 millones de personas perdieran el trabajo en solo el primer mes de cuarentena.
El encierro enfermó al empleo y el aparato productivo está en cuidados intensivos. Solo Bogotá perdió más de 500.000 empleos en abril, y en las 13 principales capitales del país la tasa de desempleo llegó al 23,5 por ciento.

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Las denuncias de intercepciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas nacionales y extranjeros (incluso estadounidenses), junto a defensores de derechos humanos, han amplificado el escándalos más sensibles que podía afectar al Ejército colombiano y salpicar al gobierno del ultraderechista Iván Duque.
Y peor aún, podría cortar el chorro de millones y millones de dólares con los que EEUU viene sosteniendo a los gobiernos ultraderechistas colombianos.
Las denuncias serán seriamente examinadas al momento de determinar la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia, dijo influyente el senador estadounidense Patrick Leahy.

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El Gobierno de Iván Duque, siguiendo las imposiciones de Washington, ha intensificado el combate contra la erradicación forzosa de cultivos de coca, y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio por la pandemia del covid-19, para evitar que los soldados les arranquen las plantas, que son las que les dan el sustento.
En el campo colombiano se libra esta batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos, un indígena en Tumaco, en el sur, y un campesino en el norte, cerca de la frontera con Venezuela.

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