A fines de septiembre y principios de octubre salió una caravana de migrantes hondureños, conformada por hombres, mujeres, familias, adolescentes y niños.
La respuesta de diversos gobiernos de la región fue detener y desarticular esta nueva caravana en el contexto de la pandemia del Covid-19, y bajo supuestos argumentos de emergencia sanitaria y de condiciones de irregularidad migratoria, que encubren la securitización y militarización de las fronteras y la creciente criminalización del migrante en el origen, tránsito y destino.